Lea más:Es época de regreso a clases y los estudiantes hispanos del estado de California tienen una razón para empezar el año con optimismo renovado.Desde hace unos días, la legislatura estatal aprobó su propio clic Dream Act, una ley que allanará el camino a miles de indocumentados que quieren continuar con su educación después de la secundaria en esa región estadounidense.
La norma es, en realidad, un paquete de medidas presentadas por el representante demócrata Gil Cedillo para proveer financiación universitaria a jóvenes sin papeles, muchos de ellos traídos a Estados Unidos de pequeños por sus padres.
En dos partes, el proyecto recibió el visto bueno del Congreso estatal: la AB130, que entrará en vigor en 2012, permite solicitar fondos privados o préstamos; luego, la AB131 da un paso más allá y daría acceso a los indocumentados a becas y subsidios de tipo estatal, casi en pie de igualdad con los residentes legales de California.
Aprobada el viernes pasado, la segunda porción del llamado Dream Act californiano está a la espera de la firma del gobernador Jerry Brown.
Estudiantes y activistas celebraron la medida como un paso adelante en la larga batalla por conseguir mejoras educativas para indocumentados. El Dream Act federal -un acrónimo que identifica a la Ley para el Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros- permitiría acceder para la residencia legal a aquellos estudiantes que cumplan con ciertos requisitos, pero lleva diez años esperando convertirse en ley.
Así, estados como California o Illinois -donde se probó una norma parecida a la AB130 este verano- han decidido avanzar por su cuenta, sin esperar una reforma a escala nacional. Aunque, a diferencia del criticado Dream Act federal, las normas estatales plantean ayudas económicas pero no ofrecen un camino a la ciudadanía.
Firma pendiente
Las estadísticas oficiales señalan que más de 65% de los universitarios estadounidenses recibe alguna forma de ayuda financiera para completar la carrera. Los extranjeros sin permiso de residencia, en tanto, no son elegibles para asistencia federal o estatal.
La firma de la AB131 podría cambiar eso y ahora las miradas están puestas en el gobernador Brown.
"Le pedimos al gobernador Brown que encienda la antorcha de oportunidades para estos estudiantes", expresó Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés).
Pero Brown no la tiene fácil: aunque, por principio, el demócrata defiende la propuesta y su firma le sumaría apoyos entre los hispanos, tiene sobre sí el fantasma de la economía estatal, con un déficit de US$26 mil millones.
"Hay incertidumbre por una cuestión que es meramente financiera: el presupuesto es muy ajustado y hay muchos que dicen que el estado no puede hacerse cargo de proveer ayudas económicas para más gente de la que ya tiene", señaló a BBC Mundo John Pitney, experto en política californiana del Claremont McKenna College.
La primera parte (AB130), rubricada por Brown el pasado agosto, no generó tanta oposición porque legisla sobre el acceso a fondos privados. Ahora, los que rechazan la medida se han valido de los números para pedir el veto del gobernador a la segunda porción del Dream Act estatal."Le pedimos al gobernador Brown que encienda la antorcha de oportunidades para estos estudiantes"Angélica Salas, directora de CHIRLA
El congresista californiano Tim Donnelly, por ejemplo, lleva adelante una campaña desde su página web.
"Los analistas estiman el costo (de dar acceso a los estudiantes indocumentados a subsidios estatales) en decenas de millones al año… al tiempo que la promesa de educación barata y de alta calidad atraerá cada vez más inmigración ilegal", señaló el republicano.
Mejor futuro
En tanto, quienes defienden la norma también apelan a los números: la economía del país necesitará el día de mañana de latinos con capacitación universitaria y los hispanos representan, al fin de cuentas, 12,5% de los inscritos en la educación superior.
Alabama. Tras la audiencia ante la jueza federal Sharon Blackburn para suspender la polémica ley HB 56 de Alabama, ella aún no emite una resolución.See more articles on immigration: http://blog.inmigrantetv.com/?p=8520
La jueza se reunió por más de nueve horas con los abogados del Gobierno Federal y una coalición de grupos de derechos civiles, que argumentaron que la ley, que entra en vigor el 1 de septiembre, denigra los derechos civiles.
Así mismo enfatizaron que el tema de la inmigración debe ser regulado por el Gobierno Federal y no por los estados.
William Orrick, vicefiscal federal, afirmó ante la jueza que no hay espacio para que los estados estén legislando en este tema.
La polémica HB 56 fue promulgada en junio por el gobernador Robert Bentley, es considerada una de las más duras contra los inmigrantes indocumentados. Desde su firma, muchos inmigrantes indocumentados se marcharon del estado de Alabama. Esto provocó que agricultores y empresas de construcción enfrentaran escasez de mano de obra, y que las cosechas se estén echando a perder en los campos.
Quienes respaldan la ley aseguran que aislará a los trabajadores que no tengan un estatus legal de Alabama, y dejará vacantes disponibles para ciudadanos desempleados. Por otra parte, afirman que se ahorrarán fondos al estado vinculados con gastos de salud y educación.
Sin embargo, sus opositores advierten que impulsa la discriminación, viola derechos como libertad de expresión y libre tránsito y afecta a las compañías.
La HB 56 autoriza a la policía a solicitar documentos migratorios a personas sospechosas de estar indocumentadas en el país, que sean detenidas por infracciones de tránsito. También prohíbe que personas transporten o alberguen a inmigrantes sin papeles y criminaliza a quienes lo hagan.
La emigración de México a Estados Unidos ha disminuido, según datos oficiales de ambos países. Pero existe un grupo de mexicanos que parece caminar en sentido contrario a la tendencia.Cada año miles de profesionales abandonan el país en busca de mejores oportunidades o para huir de la inseguridad, reconocen especialistas y autoridades.
Estados Unidos es el destino de la mayoría. La Secretaría de Educación Pública informó que en la última década se duplicó el número de mexicanos con licenciatura y posgrado que emigraron al país.
En 2000 había 411.000 de estos profesionales, y para 2010 el número aumentó a más de un millón. Uno de cada cinco mexicanos con doctorado vive en Estados Unidos.
El fenómeno alarma a las autoridades, que han implementado varios programas para retener y repatriar a los migrantes altamente capacitados, pero hasta ahora el proceso migratorio no se ha detenido, le dice a BBC Mundo Camila Tigau, especialista del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN).
"Hubo la perspectiva optimista de que con la crisis de 2008, como iba a haber menos empleo en Estados Unidos y Canadá se resolvería el problema de la fuga de cerebros en México, pero eso no ha pasado", explica.
"Ha habido factores más importantes que llevan a la gente fuera, entonces en vez de que tengamos un retorno importante lo que hay es una salida importante de gente".
Sueldos
La diferencia salarial parece ser uno de los principales estímulos para la migración de profesionales.
Un recién graduado puede ganar casi diez veces más en Estados Unidos que en México.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos un ingeniero civil recién graduado obtiene un ingreso mensual de US$4.500.
En México, en cambio, el sueldo de un profesional de este nivel es de unos US$590 cada mes, según la Secretaría del Trabajo.
Tal vez por eso aumentó la migración de ingenieros, sobre todo de los especializados en mecánica.
Recientemente la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dijo que la demanda de estos profesionales en el mercado estadounidense está al alza, pues muchos ingenieros de ese país se jubilarán en los próximos años.
Así, la semana pasada la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas (AIUME), dijo que unos 40.000 ingenieros mexicanos emigran cada año a Estados Unidos en busca de mejores empleos.
May 2006 - National Foundation for American Policy (NFAP)"Why don’t people wait to immigrate legally to the United States? The answer is that many people do come here legally but processing delays and the family and employment-based immigration quotas legislated by Congress result in significant wait times – and much frustration – for potential immigrants and U.S. employers. [...] Many Americans do not realize the significant waiting times foreign visitors and business travelers experience to obtain a visa to enter the United States...
Those who 'play by the rules' are likely to wait many years to become a lawful permanent resident, whether they are sponsored by an employer or a family member. Waits for green cards (permanent residence) in the Skilled Workers and Professionals category have worsened considerably in the past few years, with the current wait for a newly sponsored high skill immigrant in this category exceeding 5 years...
Siblings of U.S. citizens can expect to wait 11 to 12 years from today before immigrating to America (22 years from the Philippines). Unmarried adult children can anticipate waiting 6 years, but 13 years if from Mexico and 14 years from the Philippines. A spouse or minor child of a legal resident (green card holder) from Mexico has a 7 year wait (a 5 year wait from other countries)."
